Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983/2019.

Los datos registrados que Correpi da a continuación, con una acumulación de más de dos décadas, permiten extrapolar tendencias y sacar algunas conclusiones. Los que exponen se basan estrictamente en la información recogida que nunca ha podido ser desmentida ni puesta en duda por ninguno de los sucesivos gobiernos a los que señalan como ejecutores de la represión estatal en su respectiva etapa.

Pero debe quedar claro que el trabajo de compilar el Archivo y las conclusiones que sacan de estos fríos números son parte de la lucha organizada contra la represión que los determina como militantes. Por ello, no esperen encontrar un trabajo aséptico, desligado de las convicciones y los principios. La contundencia de los datos sólo confirma, año a año, la necesidad de profundizar, en todo el país, la aplicación práctica de su consigna fundacional: ¡Contra la represión, organización y lucha!.

Terminada la gestión de Cambiemos a nivel nacional, hoy el Archivo refleja el imponente salto represivo del gobierno que ha batido todos los récords de sus antecesores desde fin de 1983, y que superó con creces los propios. Cambiemos es el gobierno más represor desde 1983.

Por primera vez desde el fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, en 2017 el gobierno macrista superó la barrera de un muerto por día a manos del aparato represivo estatal, frecuencia que se siguió incrementando hasta llegar, concluida su gestión, al inédito promedio de una muerte a manos de su aparato represivo cada 19 horas.

Para comprender la gravedad del dato, que es mucho más que un número, basta comparar el ritmo del crecimiento: Al kirchnerismo le llevó más de 10 años pasar de un caso cada 46 horas a uno cada 30. El macrismo, en apenas cuatro años, incrementó a más del doble la frecuencia.

Un total de 1.833 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal durante la gestión de Cambiemos  en 1.435 días de gobierno (entre el 10 de diciembre de 2015 y el 15 de noviembre de 2019).

En 2019, incorporaron 529 casos al Archivo, totalizando 7.093 hasta mediados de noviembre de 2019, contra 6.564 que tenían registrados hace un año.

Es necesario aclarar que en 3 casos de 2012 y 2014 estaba mal registrada la fecha, ya que correspondían a 2011, 2013 y 2016.

Confirmando la permanente provisionalidad de la información del Archivo, incorporaron este año 157 casos de 2018, que no conocían cuando cerraron la actualización de ese año, la mayoría muertes en lugares de detención, que los organismos oficiales a nivel federal (Procuración Penitenciaria de la Nación) y provinciales publican en el curso del año siguiente. Respecto de la provincia de Buenos Aires, durante la gestión de María Eugenia Vidal el promedio de muertes en prisión fue de 140/150 casos al año, conforme el relevamiento que realiza la Comisión Provincial por la Memoria. Al cierre de esta actualización, sólo pudieron identificar 24 casos, por lo que muy prudentemente consignamos 100 como N.N., a la espera del Informe 2019 de ese organismo.

Si te preguntas… ¿Por qué CORREPI hace el Archivo?

En el mes de abril de 1996, el presidente Carlos Menem “explicó” a los medios por qué crecían las denuncias públicas por fusilamientos policiales: “Hay periodistas de pluma fácil”, dijo. En los meses siguientes, la tesis fue reforzada por el jefe de la Policía Federal, comisario Adrián Pelacchi, y por el ministro del Interior y responsable de las fuerzas de seguridad federales, Carlos Vladimiro Corach, que agregó una frase en la que resonó la voz de Videla respondiendo sobre los desaparecidos: “¿Dónde están los nombres?”.

Era necesario que CORREPI diera una respuesta contundente, pero no se les ocurría cómo, hasta que Delia Garcilazo, mamá de Rodolfo “Fito” Ríos, torturado hasta morir en la cárcel de Caseros en noviembre de 1992, propuso en una reunión: “Hagamos una lista de todos los asesinados por las fuerzas de seguridad, de todo el país, desde que terminó la dictadura, y llevemos ese archivo a Plaza de Mayo”.

Promediaba el año, no tenían acceso a internet ni correo electrónico, y sólo dos militantes de CORREPI tenían computadora. Delia organizó un equipo de tres compañeras, que, armadas con una birome y un cuaderno de espiral, se dedicaron a reunir los datos. Empezaron con los casos de los familiares organizados en CORREPI y siguieron con los contactos del interior del país. Recorrieron redacciones de diarios y hemerotecas y consultaron periodistas que, como Enrique Sdrech y Carlos Rodríguez, que pusieron a nue disposición sus propios archivos de “casos policiales” para rastrear fusilamientos por gatillo fácil, muertes en cárceles y comisarías y desapariciones desde fines de 1983.

Con el correr de los años el Archivo siguió creciendo, fueron perfeccionando las técnicas de búsqueda y las herramientas de análisis de los datos, y la actividad evolucionó hacia el Informe Anual de la Situación Represiva, incorporando a su contenido todas las formas de represión, no sólo las que transcurren en los barrios sobre los sectores no organizados de la clase trabajadora.

Más de veinte años después, aquella lista a mano en el cuadernito de Delia es una base de datos con miles de registros, al que aportan sistemáticamente organizaciones compañeras y contactos desde distintos lugares del país. El acto de su presentación anual se convirtió en una instancia de síntesis de las luchas antirrepresivas en todo el país, que convoca la presencia de organizaciones y compañeros y compañeras de todos los sectores, y permite, más allá de los vaivenes del “interés” de la prensa hegemónica, según los vientos que corran, visibilizar masivamente lo más silenciado e invisibilizado de la política represiva de los sucesivos gobiernos.

Este trabajo que hace CORREPI no esta solamente destinado a cruzar datos y obtener gráficos, aunque contar con esos elementos demostrativos del alcance de la represión estatal sea sumamente útil y permita acceder a una realidad que padecemos a diario pero que los distintos gobiernos ocultan con el fin de mantener su legitimidad. Con la confección del Archivo, CORREPI se propone generar una herramienta que sirva a la organización y la lucha antirrepresiva, poniendo a disposición de la militancia un reflejo aproximado de lo que es el día a día represivo en nuestro país.

Quizás la prueba más contundente del valor que tiene esta herramienta para las luchas populares sean los esfuerzos sistemáticos del gobierno de Cambiemos por desacreditarla, que culminaron con el patético contra-informe titulado “Ministerio de Seguridad vs. CORREPI”, presentado con gran pompa y circunstancia el 30 de septiembre pasado.

El objetivo de este Archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, es aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de estado. Porque, adopte la forma que adopte, la represión es siempre de clase, y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación.

Casos por año 1983/2018

Casos por Gobierno

Casos por fuerza

Rango de edad

Casos por provincias

Muertos por luchar

Las pautas que utilizamos para la construcción del Archivo son las siguientes: 

  1. Incluyen todo caso que implique la aplicación de una política represiva estatal y la utilización de los recursos del aparato estatal, cuyo resultado sea la muerte de la víctima.
  2. Respecto de los victimarios, incluyen todo caso en que los responsables sean miembros de las agencias represivas del estado: policía federal, policías provinciales, policía de la Ciudad, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, seguridad privada, grupos de choque tercerizados y fuerzas armadas.
  3. Incluyen todas las modalidades represivas que utilizan los gobiernos, y solo lo que responde a la aplicación de esas políticas estatales. El Archivo no es un conteo de “civiles muertos” en enfrentamientos con fuerzas de seguridad o de “lamentables accidentes”, sino de personas que murieron como consecuencia directa o indirecta de la necesidad intrínseca de los gobiernos de reprimir.
  4. A los fines estadísticos, desagregan las modalidades en: gatillo fácil (fusilamientos); muertes de personas detenidas (que en buena medida corresponden a la aplicación de tormentos, e incluyen, también, algunos casos de desapariciones); fusilamientos en movilizaciones u otras protestas (es decir, los asesinatos cometidos en el marco de la represión a la protesta y el conflicto social); muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que el autor utiliza, para “resolver” un conflicto interno o familiar, los recursos represivos que le provee el estado); causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos y otras circunstancias (que incluye la mayoría de las desapariciones). También desagregan, sin perjuicio de la modalidad de la muerte, el total de desapariciones y de femicidios.
  5. Tradicionalmente cerraban la búsqueda de datos entre fines de octubre y principios de noviembre, de modo que buena parte de noviembre y todo diciembre se incluyen en el Archivo del año siguiente.
  6. Recurren a toda fuente disponible, aunque las básicas son el contacto directo con los familiares o amigos de las víctimas; el chequeo sistemático de diarios nacionales y provinciales; el aporte que recibimos de los compañeros que, desde sus provincias, sistematizan y nos remiten información ya chequeada y los informes de otras organizaciones y de organismos oficiales que registran datos de interés.

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