El proyecto de «Promoción de la Alimentación Saludable» espera aprobación desde hace siete meses en la Cámara de Diputados. La norma incluye una serie de medidas que apuntan a disminuir las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), principal causa de muerte en Argentina. Organizaciones sociales y académicos denuncian que el lobby empresario, con complicidad de los legisladores, se está imponiendo por sobre la salud de los argentinos. El Gobierno, con una simple resolución, puede licuar la propuesta legislativa.
Por Nahuel Lag
“En Argentina mueren 687 personas por día por Enfermedades No Transmisibles. Estimamos que, desde la aprobación del proyecto en el Senado, fallecieron 156.636 personas por estas causas.” La cita se replicó en las redes sociales de las organizaciones sociales de nutrición, salud y alimentación que desde noviembre pasado, cuando el Senado dio media sanción por amplia mayoría la ley de “Promoción de la Alimentación Saludable”, exigen que la Cámara de Diputados sancione la ley. El proyecto tiene al etiquetado frontal como emblema y herramienta de más inmediato alcance para mejorar los hábitos alimenticios y reducir la epidemia de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), que causan el 80 por ciento de las muertes en Argentina, pero también contempla una serie de políticas públicas mucho más amplias, que alcanzan a los entornos escolares y la publicidad engañosa de diseño comestibles, que no son alimentos.
El proyecto de ley lleva siete meses sin conseguir dictamen en la Cámara de Diputados y en agosto comenzará la campaña electoral que paralizará las actividad legislativa. La última reunión plenaria de las comisiones de Legislación General (presidida por Cecilia Moreau, Frente de Todos), de Acción Social y Salud Pública (Pablo Yedlin, FdT); de Defensa del Consumidor (Diego Mestre, Juntos por el Cambio); y de Industria (Alejandro Garcia, JxC) fue el 26 de abril. La comisión de Legislación General –que preside la plenaria– aún no tiene en agenda volver a convocar a una nueva y última reunión para dar dictamen.
“Detectamos una falta de voluntad política, porque es una ley con respaldo de la academia, y de las organizaciones de la sociedad civil, que obtuvo casi unanimidad en el Senado. Lo que está primando por sobre todas las cosas es el lobby de la industria. Hubo tres reuniones informativas en la Cámara baja, donde expusieron todas las partes, lo que garantiza una norma libre de conflicto de intereses”, sintetiza Mónica Pires, abogada del área de Incidencia Fundación Interamericana del Corazón (FIC), sobre la encerrona legislativa. FIC también realizó una encuesta para conocer la opinión de la sociedad respecto de la norma conocida en la calle como “Ley de Etiquetado” o “Ley de Etiquetado Claro”, el respaldo fue contundente: el 91 por ciento de los encuestados la respaldó.
“En un contexto de pandemia, en el que quedó en evidencia la importancia de la salud, resulta aún más grave que un proyecto que ataca al problema desde la raíz no esté avanzando. Si en las próximas semanas no se trata, no vamos a tener ley, vamos a seguir teniendo solo un proyecto y los diputados y diputadas serán responsables de las muertes por enfermedades no transmisibles”, lamenta Mijael Kaufman, representante de la organización Consciente Colectivo, y agrega: “La Cámara de Diputados está siendo la cámara del cajoneo, no solo con Etiquetado sino también con otras leyes importantes como la Ley de Humedales”.
En paralelo, el Gobierno mantiene latente la posibles sanción de una resolución en la Comisión Nacional de Alimentos (Conal) —presentada en una reunión extraordinaria el pasado 14 de abril— que le permitiría avanzar de manera unilateral, y con el visto bueno de las corporaciones alimenticias, con una modificación de etiquetado de alimentos más laxa, favorable a las pretensiones de la industria alimenticia y que no contempla las recomendaciones y compromisos tomados por el Estado argentino ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que promueve el etiquetado frontal como una política pública para hacer frente a la epidemia de ECNT.
¿Por qué Etiquetado Claro Ya?
La estimación de 156.636 muertes por Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) ocurridas en los últimos siete meses no es arbitraria. Surge del dato de muertes por día, relacionadas a las ECNT —diabetes, obesidad, cáncer, hipertensión, enfermedades cardiovasculares—, de la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del Ministerio de Salud. Estas enfermedades son la principal causa de fallecimientos y de muerte prematura en la Argentina y sus causas están relacionadas a la malnutrición. Para poder dimensionar el costo en vidas: en los siete meses que el proyecto se paralizó en el trámite legislativo, las muertes por ECNT están cerca de duplicar las 90.000 muertes registradas por la pandemia de Covid-19.
La comparación con la pandemia de coronavirus tampoco es caprichosa. Las investigaciones científicas hablan de “sindemia” para explicar la coexistencia entre la pandemia de Covid-19 y la epidemia de las ECNT. Desde principios de los 2000, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la FAO y Unicef promueven políticas activas para combatir la epidemia, que de acuerdo a las cifras de la OMS provocan ocho de cada diez muertes en el continente americano.
“¿Cuáles son las comorbilidades indicadas para el Covid-19, las que pueden provocar riesgo de cuadros graves?”, pregunta Marcos Filardi, abogado e integrante de la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria. La respuesta está en las ECNT: diabetes,obesidad,cáncer,hipertensión,enfermedades cardiovasculares, todas aparecen entre los pacientes de riesgo por coronavirus. “En este contexto, es central que se discuta la Ley de Etiquetado”, sentencia Filardi.
«Estas enfermedades no solo golpean con mayor fuerza a los sectores socioeconómicos más bajos, sino que cobran aún más relevancia en el contexto actual de la pandemia de Covid-19: la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares aumentan el riesgo de padecer complicaciones y morir como consecuencia del coronavirus«, destacaron la OPS, FAO y Unicef Argentina en una posición conjunta a favor de la Ley de Etiquetado en diciembre pasado, cuando el Gobierno había puesto la ley en la agenda de sesiones extraordinarias. Pero la Cámara de Diputados comenzó a demorar su sanción.
El objetivo de impacto más inmediato que tiene el proyecto de ley es conocido: la reglamentación de un sistema de advertencias con octóganos negros que informen rápidamente al consumidor el diseño comestible procesado o ultraprocesado que está a punto de llevar a su mesa: “Exceso en azúcares”, “Exceso en sodio”, “Exceso en grasas saturadas”, “Exceso en grasas totales”, “Exceso en calorías”.
El derecho a la información clara y precisa se traduciría rápidamente en elecciones de mejor alimentación y derecho a la salud, en un país con el 90 por ciento de su población viviendo en ciudades, en las que se registra una tendencia mundial creciente de consumo de alimentos con alto contenido en grasas, sal y azúcares, que reemplazan el consumo de alimentos naturales.
En Argentina, el consumo de estos diseños comestibles alcanza los 185 kilos por año por persona, ocupando el tercer puesto en América Latina y el décimo cuarto a nivel mundial, según el pronunciamiento de la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines (Red Calisas) a favor de la Ley de Etiquetado en abril pasado. El documento agrega que el exceso de peso (sobrepeso y obesidad) afecta al 13,6 por ciento de niños y niñas menores de 5 años (valor más alto en América Latina para este grupo etario), al 41,1 por ciento de niños, niñas y adolescentes de 5 a 19 años y a casi el 70 por ciento de adultos mayores de 18 años.
“La ley no es solo una ‘ley de etiquetado’ sino una ‘ley de alimentación saludable’. El etiquetado es el primer paso para combatir la epidemia de sobrepeso y de las enfermedades no transmisibles. La ley contempla cuatro ejes de un plan de acción aprobado por la OPS, y firmado por la Argentina, en 2013: etiquetado, regulación de entornos escolares, regulación de publicidad y contrataciones públicas”, detalla Filardi y agrega que el eje que quedó por fuera de la ley es el de políticas fiscales, en el que se intentó avanzar durante el gobierno de Mauricio Macri sobre las bebidas azucaradas y tuvo una rápida marcha atrás.
El Estado invierte 50.000 millones de pesos por año en el tratamiento de enfermedades no transmisibles y las cifras oficiales indican que el 73,2 por ciento de las muertes en el país están relacionadas a esos problemas de salud. “Sin embargo, todavía el Estado no tiene ninguna política pública para prevenirlas”, sentencia Filardi.
La demora del Estado argentino en darse una política pública para fomentar la alimentación saludable ocurre mientras se conocen informes como el de Nestlé, la multinacional de productos comestibles más grande del mundo, en el que la empresa reconoce que sus productos “tienen carencias respecto a las definiciones de salud en un panorama donde la presión regulatoria y las demandas de los consumidores no dejan de crecer”.
El documento interno de Nestlé para adaptar los productos de la empresa al sistema de etiquetado en Australia, según reveló una nota del Financial Times, precisaba que 63 por ciento de los alimentos evaluados no alcanzan el nivel saludable, ni tampoco ocurre con el 96 por ciento de las bebidas —sin contar café, agua y leche— y el 99 por ciento de los productos de confitería y helados.
Un atajo para licuar la ley de etiquetado
Cuando la media sanción del Senado cumplía cinco meses sin ser tratada en la Cámara de Diputados, el Gobierno abrió un canal paralelo al tratamiento legislativo para modificar el etiquetado de alimentos. Convocó el 14 de abril a una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Alimentos (Conal), organismo que está presidido, de manera alternada, por la Secretaria de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Calidad en Salud del Ministerio de Salud.
En esa comisión también tienen un asiento el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dependiente de la Anmat; el Senasa y la Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Producción. Este último organismo es el que negocia el programa de Precios Cuidados con las grandes corporaciones de alimentos, como Nestlé. La Conal tiene la atribución de modificar el Código Alimentario Argentino. En ese proceso, con voz pero sin voto, también participan representantes de las provincias. Un último actor, de consulta obligatoria pero no vinculante, es el Consejo Asesor (Conase), donde tiene su asiento la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal).
La Copal —presidida por el abogado laboralista y flamante titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja— es una de las fervientes opositoras a la implementación del etiquetado frontal y es la pata argentina de la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (Alaiab), que encabezó el lobby contra la normativa en Chile, Perú, Uruguay y México.
Con argumentos —ya denunciados como “mitos” por las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales como Unicef— como que el etiquetado “demoniza” los alimentos ultraprocesados o que la Argentina debería “armonizar” su legislación con la del resto de los países del Mercosur, uno de los principales reclamos de la industria es evitar la aplicación del perfil de nutrientes de la OPS, aprobado unanimidad de los países miembro dentro del plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia, en 2014.
“Se está jugando una carrera entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El proyecto presentado en la Conal es mucho más laxo”, sentencia Mónica Pires, abogada del FIC. Entre los puntos críticos de la resolución, Pires señala el debate sobre el perfil de nutrientes: “Hay estudios que avalan que el perfil de nutrientes que más se adapta a las guías alimentarias desarrolladas por el Ministerio de Salud es el que presenta la Organización Panamericana de la Salud, sin embargo, la resolución lo desconoce”.
La supuesta armonización con la legislación del Mercosur es otro de los argumentos que aparecen para tratar la política de etiquetado a través de la Conal. Pires apunta contra ese mito: “Los estados miembro del Mercosur tienen autonomía para avanzar en la legislación sobre políticas de salud. Hay expresas resoluciones de Mercosur que lo establecen”.
“Sin dudas el lobby está incidiendo y hay falta de voluntad política”, señala Pires y resalta que la asunción de Funes de Rioja al frente de la UIA es un dato, pero las presiones de la industria alimenticia ya estaban presentes en el debate de la ley desde el inicio. En ese sentido, Filardi recordó cómo la senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, denunció horas antes de la votación en el Senado la presión ejercida por Coca-Cola, enviando mails a las casillas de cada senador o la presencia de la propia Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) en las audiencias de la Cámara de Diputados.
Tras la presentación de la resolución hecha de forma extraordinaria el 14 de abril y la rápida reacción de las organizaciones de la sociedad civil, que presentaron documentación respaldatoria de la Ley de Promoción Alimentación Saludable ante la Conal, el atajo que intentó tomar el Ejecutivo para no enfrentarse a la industria parece haber quedado, al menos, en pausa. El tema no aparece entre los puntos a tratar en la próxima reunión ordinaria del organismo.
Sin embargo, a diferencia de los tiempos legislativos, la resolución puede aprobarse por simple impulso del Ejecutivo, en cualquier momento. Si solo se avanzara con la resolución y se dejara caer la ley, las principales puntos que quedarían de lado serían:
- No contempla la regulación de publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes.
- No contempla la regulación de entornos escolares.
- La leyenda de advertencia pasaría a ser «alto en», en lugar de «exceso en…», a pesar de la eficacia probada por investigaciones del Ministerio de Salud y de la OPS.
- Permite omisión de sellos en envases pequeños y flexibiliza la ubicación de los sellos en otros tamaños.
- Modifica las leyendas para productos con edulcorantes y cafeína, quitando la advertencia sobre «no recomendable para niños y niñas».
- No especifica que se respete el perfil de nutrientes recomendado por la OPS.
- Modifica el perfil de nutrientes por porcentaje de calorías a uno medida por gramos de nutrientes cada 100 gramos o mililitros.
El Etiquetado en el laberinto parlamentario
Tras la última reunión convocada por la plenaria de comisiones el 26 de abril, el grupo de organizaciones de la sociedad civil que participan activamente en el debate parlamentario escucharon a coro un argumento que evitaba el llamado a reunión para dar dictamen: “No se renovó el protocolo por Covid-19 para sesionar de manera remota”. Ese argumento se cayó el 11 de mayo pasado.
Sin embargo, desde la Comisión de Legislación General, presidida por la oficialista Cecilia Moreau, aún no tienen en agenda el llamado a la reunión plenaria. Desde la comisión de Acción Social y Salud, presidida por el también oficialista Pablo Yedlin no precisan una fecha, aunque sostienen que este año el proyecto tendría dictamen para pasar a la Cámara baja. Las otras dos comisiones que pueden pugnar por la rápida sanción de la norma están en manos del bloque opositor de Juntos por el Cambio.
“Quienes presiden las cuatro comisiones miran para otro lado y, en cualquier despacho que preguntes, le tiran la pelota o los legisladores del otro bando”, grafica Kaufman, integrante de la organización Consciente Colectivo.
El temor de quienes llevan años reclamando por la Ley de Etiquetado es la cercanía de las PASO en septiembre y las generales legislativas de octubre, que paralizan la actividad del Congreso desde el inicio de la campaña, con cronograma de inicio en agosto. “Las elecciones están cerca y la Cámara de Diputados viene votando leyes que no tocan intereses sustanciales”, lamenta el referente de Consciente Colectivo.
En esa dinámica también entran las propias negociaciones políticas que ocurren en los pasillos legislativos. Por ejemplo, la demorada Ley de Biocombustibles que se debate en paralelo a la Ley de Etiquetado, funcionó en la Cámara alta como una carta de negociación para el bloque de legisladores tucumanos, que son resistentes a la Ley de Etiquetado, por un supuesto perjuicio a la industria azucarera.
En tanto, desde el Poder Ejecutivo también están buscando realizar modificaciones a la normativa votada por el Senado como, por ejemplo, los tiempos de implementación del etiquetado. “Cuestiones como los tiempos de implementación no son centrales, como podría ser el respeto del perfil nutricional de la OPS, y se podría resolver en la reglamentación de la ley sin necesidad de más demoras en su aprobación”, apunta Kaufman.
En este contexto, la posibilidad de contar con una Ley de Etiquetado en 2021 parece jugarse durante julio antes del parate electoral. Cuando se conozcan los resultados de las elecciones legislativas del 14 de noviembre, y el Congreso comienza a salir de su letargo, el proyecto de “Promoción de Alimentación Saludable” va a haber cumplido un año de su media sanción en el Senado. La normativa del Congreso le asegura un año más de vida legislativa antes de que pierda estado parlamentario, pero la falta de políticas para la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles continúa sumando víctimas.
Ilustración: Sebastián Damen
Gentileza: Agencia Tierra Viva
